No se exagera si se dice que España vive uno de los momentos de mayor crisis de nuestra Historia. Hay momentos históricos en que los pilares de un ordenamiento jurídico, de la Justicia, de la cultura, del propio Estado de Derecho, están en juego. Este es uno de ellos. En esos momentos no puede uno abstraerse con la tan errada como vana pretensión de despreciar o mantenerse al margen de los “asuntos políticos”. La política es algo que no solo no debemos, sino que no podemos –ni moral ni ontológicamente– evitar, pues necesariamente a todo y todos alcanzan sus efectos.

 

CRISIS ÉTICA, CRISIS ECONÓMICA, CRISIS SOCIAL

En 2003, en época de plena bonanza económica en España, alerté de la vulnerabilidad y el riesgo de que se produjera una grave crisis financiera y económica como consecuencia de ciertas variables que debían advertirse, denunciando la ausencia de atención y tratamiento por parte de nuestro ordenamiento, a diferencia de la mayoría de nuestro entorno, del problema del sobreendeudamiento doméstico (de particulares y familias, junto al de las Administraciones públicas y entidades financieras) y señalando la necesidad de instaurar una política integral para su prevención y solución, basada en el principio del préstamo responsable. Pero eran tiempos de “alegría” del crédito, en los que no abundaban las llamadas de atención sobre el endeudamiento excesivo y las prácticas financieras o crediticias abusivas o distorsionadoras de su medida o finalidad natural; y las escasas advertencias que se hicieron en ese sentido fueron desatendidas.

Así, tras desatender lo que debería haber sido una responsabilidad institucional, pública y social, aquel riesgo se materializó, y de aquel credit boom se pasó a un credit crunch.

Los excesos y desviaciones financieras y el desmedido endeudamiento desarrollados durante años terminaron provocando el colapso del sistema financiero, desembocando en una crisis y una recesión económica global sin precedentes, de connotaciones peculiares e incidencia especialmente severa en España. Sostuve entonces –2009– que la grave situación a la que hemos llegado podía y debía ser ocasión para una verdadera catarsis, que instaurara una nueva concepción de la política y del mercado, una nueva cultura y un sistema capaz de alcanzar la más justa y eficaz gestión y solución de la crisis para evitar la reproducción de la situación a la que habíamos llegado; que ello hacía necesarias reformas estructurales (en materia de justicia, educación, investigación e innovación, trabajo, energía, sistema electoral, partidos, entidades supervisoras y reguladoras…); y que con ello, la necesaria distribución equitativa de la crisis y la actuación responsable de todos los implicados, estaba en juego la propia regeneración -y hasta la legitimación y aceptación social- de las instituciones y la posibilidad de recuperación de nuestro país.

Sin embargo, en gran medida, esas reformas estructurales no se han acometido. Ciertamente, el Gobierno se concentró en la reconducción de los parámetros macroeconómicos y en la necesaria estabilidad del sistema financiero, evitando una intervención al estilo griego; pero no se ocupó de aquellas reformas profundas ni del mencionado necesario tratamiento de la solución de las crisis económicas familiares, o abordando ninguna de las reformas de la legislación concursal y paraconcursal, y su ausencia dio paso a una crisis social. Cuando la eclosión del drama de los desahucios saltó trágicamente a las portadas, la respuesta quedó en 2012 en medidas harto restrictivas y/o voluntarias, primero, y después en la mera suspensión de los lanzamientos (postergando su verdadera solución y sacando la cuestión del foco mediático); y en 2013 en medidas insuficientes forzadas por el TJUE. Sólo ya cuando la situación se hizo insostenible y se vislumbraron consecuencias de calado en el ámbito político (con el surgimiento de movimientos de protesta e “indignación” ciudadana) se anunció por el Presidente del Gobierno en el Debate sobre el estado de la Nación de 2015 la aprobación de una legislación y medidas de “segunda oportunidad” que personalmente había tenido ocasión de proponer, también al grupo parlamentario que sostenía al Gobierno.

Yendo algo más allá del tópico de que esta crisis no es sólo económica, sino que era y es mucho más honda, es necesario constatar que es de naturaleza institucional y que proviene de una crisis ética. Las conductas (de los ciudadanos y de los políticos, que a la postre lo son y son elegidos por y de entre ellos) se basan en valores y convicciones (cívicas, éticas, morales). Si esos valores y convicciones –o el respeto a ellos– que sirvan de norma de referencia se degradan y a la postre se arrumban, individual y socialmente (y la virtud en sí es despreciada) se vive en una anomía, o ausencia de normas que puedan orientar el comportamiento de los individuos, quedando la actuación individual y social al albur del mero interés (desapareciendo también toda solidaridad o cooperación desinteresada o natural).

Por ello, sigo pensando -ahora con mayor motivo- que la salida de esta situación de crisis sólo puede provenir de una catarsis y regeneración, materializada en una serie de reformas que sólo podrán adoptarse y tener éxito y perdurar si se produce una previa recuperación de valores y principios –“e incluso” de la virtud y la ejemplaridad– que permitan a su vez destejer un entramado de situaciones e intereses que nos han llevado a este estado; y sólo si se cree auténticamente en esos valores y principios, se instauran y hacen valer y respetar.

 

CRISIS INSTITUCIONAL. CRISIS POLÍTICA. CRISIS NACIONAL

España viene sufriendo desde hace años un grave y profundo deterioro institucional y político. “Del Rey abajo, ninguno”, no ha habido prácticamente estamento e institución que no haya sido afectada por la corrupción, proveniente de la anomia y degradación ética que he descrito en el apartado anterior.

Lo que resulta necesario es analizar cuáles sean las causas de esa situación de profundo deterioro político–institucional de España. Debe observarse al respecto cómo España ha venido sufriendo un proceso de deconstrucción y de descomposición, consecuencia de la ocupación partitocrática del Estado, de su Administración y las instituciones que tienen por función asesorar, controlar y enjuiciar sus decisiones.

Los partidos han pasado a dominar y ocupar no sólo ciertos órganos políticos en los que su presencia y control podría tener cierto sentido, sino también otras instituciones técnicas, administrativas, económicas y sociales, en las que ello carece de toda justificación y a las que deberían ser ajenos. Así, tras ser ocupado el Estado, lo fueron las Administraciones y las empresas públicas, corporaciones y fundaciones.

Ese mismo proceso de ocupación, mediatización y monopolización tuvo lugar igualmente en el Poder Judicial, con la radical consecuencia de que ésta no es una Administración más, sino un Poder del Estado esencial para el cabal funcionamiento del ordenamiento jurídico y del resto de las instituciones. La misma dinámica perversa y contaminante de ocupación partidista de la Justicia ha afectado al Tribunal Constitucional (TC), dañando seriamente a esta institución y la necesaria auctoritas de que ha de gozar

Tal situación en el Poder Judicial ha conducido a arbitrariedad en la provisión de las plazas judiciales (no regidas siempre por los criterios de mérito y capacidad), a batallas igualmente penosas por ciertos nombramientos en órganos jurisdiccionales o de gobierno judicial. Y a que –naturalmente– tal falta de independencia de la Justicia sea percibida por los ciudadanos, por los propios jueces, la Comisión Europea o el Consejo de Europa.

Esta dinámica de ocupación termina con la de la propia sociedad: las instituciones, empresas y cuerpos intermedios, que se hacen dependientes, sometidos y condicionados (expresamente por otorgamiento, financiación o gestión de autorizaciones, concesiones, subvenciones, prestaciones, etc. o implícitamente, por influjos, manejos y puros “permisos” políticos).

Así, la sociedad civil, lejos de determinar o influir en el poder político, se convierte en un instrumento mediatizado, controlado e instrumentalizado al servicio de ese poder. Al final, inversamente, en ese proceso de ocupación y dependencia, ciertos grupos o sujetos particulares intentan, si no alcanzar el poder político, sí ganarse el favor de quienes lo detentan (y los ingentes medios económicos que tal Leviatán maneja para cumplir sus “funciones”). Plasmación de este fenómeno son las –ahora ya tan comentadas– revolving doors (puertas giratorias). Surge así una dependencia mutua de favores, oficiales y privados, sobre la que se basa también el fenómeno de la corrupción política y económica, cual el tráfico de influencias o la financiación ilícita de los partidos políticos.

Consecuencia, al tiempo que garantía, de ese estado (y del clientelismo que puede subyacer en él) ha sido el crecimiento de las Administraciones en España, exponencial en el ámbito autonómico, que ha llevado a una auténtica hipertrofia, por no decir elefantiasis administrativa.

La culminación de ese proceso aludido de deconstrucción, debilitamiento y descomposición se está proyectando ya en el propio ámbito nacional, de España como país y como Estado, que se viene produciendo desde hace meses con el triste capítulo para la Historia que estamos viviendo en Cataluña. El anuncio, preparación, inicio y materialización del autoproclamado “proceso de desconexión” de esta Comunidad autónoma respecto del Estado, plasmado en una serie de pasos de una hoja de ruta pactada y publicitada por los partidos secesionistas, que –tras meses de inacción por parte de las instituciones españolas– se han ido cumpliendo a rajatabla; y que han tenido como toda actuación conocida de éstas, un recurso al TC en el último instante, siendo abiertamente incumplidas sus resoluciones por los promotores de tal “procés”. Y ya por último, en una situación de bloqueo institucional plasmado incluso en la incapacidad de formación de Gobierno por el Parlamento salido de las urnas.

De ese modo, cabe plantear la siguiente cuestión esencial: ¿qué es lo que podría operar o desencadenar la transformación –regeneración– de nuestro sistema?; o, de modo más preciso aún ¿qué puede llevar a sus dirigentes o agentes institucionales a impulsar y llevar a cabo la reforma de ese sistema que les otorga posición, privilegios y beneficios, para pasar de un régimen cerrado y viciado a otro abierto, transparente y honesto?  

 

Pablo Gutiérrez de Cabiedes. Catedrático de derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. Académico corr. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Abogado.

Miembro de Principios. @PabloGCabiedes

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