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Como ya expliqué en el post anterior, la salida de la honda crisis ha de provenir de una catarsis y regeneración materializada en una serie de profundas reformas estructurales. Y estas sólo podrán adoptarse y tener éxito y perdurar si –dado que la crisis es en su origen, ética– se produce una previa recuperación de valores y principios que permitan a su vez destejer un entramado de situaciones e intereses que nos han llevado a este estado.

Esos valores, principios –y virtudes– son un prius, que solo se generan previamente, y con el ejemplo, mediante la educación y la formación, en la familia, la escuela y la Universidad: ahí se construye el ethos, los valores en que uno cree, con los que luego uno participa en la vida social, económica o política. Y sólo si se cree auténticamente en tales valores y principios, se instauran y hacen valer y respetar, serán factibles esas reformas y la recuperación social y política postcrisis.

Por ello, es este un momento en que se hace necesaria un análisis de la reconstrucción del propio discurso, para hacerlo respetuoso, racional, sin demagogia, apriorismos, prejuicios, desequilibrios ni servidumbres históricas.

REGENERACIÓN INSTITUCIONAL

La cuestión medular que ha de abordarse cuando se habla de regeneración de un País, Nación y Estado es la de sus instituciones. El interrogante esencial sobre qué es lo que hace y ha hecho grandes, prósperas, a unas Naciones y no lo ha hecho a otras, más allá de sus recursos, ha encontrado su respuesta más precisa en que ello viene determinado por la calidad de su arquitectura institucional. Es crucial la importancia del sistema legal y político-institucional para el buen funcionamiento del sistema económico. De ahí la relevancia de comenzar por el análisis del marco institucional en el que la economía –y la propia existencia de un país y sus ciudadanos– ha de desenvolverse.

Pues bien, la regeneración de nuestro actual régimen institucional, desarrollado política y jurídicamente a partir y en desarrollo de la Constitución de 1978 debe estar orientada decididamente a (re)instaurar y garantizar de modo efectivo el sistema de checks and balances en que todo Estado de Derecho y sistema institucional desarrollado se funda. Primeramente, con una auténtica división de poderes, en el que el Gobierno no se confunda ni mediatice a la Administración, permitiendo a ésta su actuación basada en los principios de objetividad, servicio al interés general y al bien común, con estricto respeto también de los principios de mérito y capacidad e igualdad de oportunidades en el acceso a la Administración pública y transparencia (y acceso público a la información), participación y rendición de cuentas de los poderes públicos (y de los partidos políticos). Con un legislativo que cumpla su función con representatividad viva y fiel del sentir los ciudadanos, e instrumento de control del Gobierno; y con una Justicia caracterizada por una verdadera independencia, y dotada de los recursos suficientes para ejercer su potestad de actuación y protección del Derecho y de los derechos de los ciudadanos.

La Justicia y su independencia

La necesidad de un marco institucional adecuado para el futuro de un país se plasma peculiarmente en su Poder Judicial, como ya apuntara el propio Adam Smith. Igualmente, cuando Montesquieu y los padres de la constitución americana articularon un concepto de constitución, les guiaba la idea de establecer un sistema de garantías que asegurase la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad de los ciudadanos. El propio concepto de Constitución comporta esencialmente un sistema de checks and balances (poderes y contrapoderes, división de poderes) en la actuación de poderes públicos y ciudadanos, como medio para la protección de unos derechos fundamentales inherentes a la persona, previos al Estado y a sus propias normas. Y de entre ellos, preponderantemente, el Poder Judicial. La regeneración en esta materia exige ineludiblemente devolver a nuestro ordenamiento esa división de poderes, con respeto de la independencia de la Justicia. Y ello, a su vez, reformar la LOPJ para reinstaurar el genuino espíritu constitucional de la elección por los jueces de los vocales de extracción judicial del Consejo. A partir de ello, resulta imprescindible respetar los principios de objetividad, mérito y capacidad en los nombramientos judiciales, que habrán de estar regidos por elementos reglados que reduzcan su discrecionalidad y desde luego toda arbitrariedad política. En la misma línea, el nombramiento de magistrados “autonómicos” –que no lo son– por los parlamentos autonómicos, debería ya desaparecer.

 

La regeneración en esta materia exige ineludiblemente devolver a nuestro ordenamiento esa división de poderes, con respeto de la independencia de la Justicia.

 

Asimismo, también respecto de la Justicia, se hace necesario recuperar la auctoritas y prestigio institucional del TC, velando igualmente por su desafección partidista. Para ello es necesario el reforzamiento de ciertas garantías en el estatus de los Magistrados, que promoverían su radical independencia. Por lo demás, la Justicia debe estar dotada de los necesarios medios personales y materiales –recursos– para poder cumplir su función de forma cabal, con celeridad, eficacia y garantías de acierto y respeto de los derechos.

REGENERACIÓN POLÍTICA

Crucial para la regeneración de España es asimismo la que afecta a la política. Los partidos políticos han de ser cauce o «instrumento fundamental para la participación política de los ciudadanos» en la vida pública. Pero hemos visto ya cómo se ha producido la desviación y abuso (ocupación y corrupción) descritos. Y que ello no tiene otra salida que el reforzamiento y regeneración institucional, que a su vez está íntimamente relacionada y tiene como presupuesto la regeneración política (de los partidos). Pero lo cierto es que se lleva muchos años hablando de la partitocracia existente en nuestro país, sin que ésta no haya desaparecido en absoluto, sino al contrario. La regeneración en materia política tiene como presupuesto creer verdaderamente, poner en valor y llevar a realidad la afirmación de que la política es una de las actividades más nobles que pueda existir, así como la recuperación de la consciencia clara de que el mandato político y parlamentario lo es del ciudadano representado por el representante político, y no a la inversa. Partiendo de ello, pasa necesariamente por una nueva apertura del sistema político al ciudadano, plasmado en la reforma del sistema electoral y de la legislación de partidos políticos, que garantice o refuerce el acceso, participación, representación y vínculo entre los (representantes) políticos y los ciudadanos (electores representados), como único medio de evitar su anquilosamiento. Esto exige la regulación como preceptiva de las elecciones internas (“primarias”) en el seno de los partidos para acceder a las listas electorales y/o el desbloqueo de éstas, como primera garantía de cumplimiento real de la exigencia constitucional de democracia interna de los partidos.

 

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La regeneración en materia política tiene como presupuesto creer verdaderamente, poner en valor y llevar a realidad la afirmación de que la política es una de las actividades más nobles que pueda existir

 

Asimismo, la reforma del sistema electoral debería potenciar la representatividad real y cercanía al elector; ello no puede sino articularse de forma realista mediante un amplio Pacto político de Estado. Por último, la regeneración política exige la reforma del régimen de financiación de los partidos, fundaciones u otros entes vinculados a los mismos, reduciendo su aportación pública y consolidando las exigencias de transparencia. Todo ello, siempre acompañado de una clara y exigente regulación de su contabilidad, rendición de cuentas, auditoría externa y clara responsabilidad política y jurídica (civil y penal) de los respectivos órganos del partido

REGENERACIÓN EDUCATIVA

Elemento igualmente necesario de la regeneración (institucional en sentido amplio) de nuestro país es el de su sistema educativo, presupuesto de la formación y mejora de sus propios ciudadanos y, con ello, del nivel cultural, profesional, científico y ético de la sociedad española y de sus representantes e instituciones. A nadie debería ocultarse que la formación de los ciudadanos, tanto en el terreno de los valores, como en el del conocimiento, es una condición indispensable, no sólo de la –necesaria– mejora de la competitividad de la sociedad y la economía españolas en el contexto internacional, sino también para el correcto funcionamiento de las instituciones y del sistema democrático, que es igualmente necesaria o más, si cabe.

 

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A nadie debería ocultarse que la formación de los ciudadanos, tanto en el terreno de los valores, como en el del conocimiento, es una condición indispensable

 

Reformas:

A) Se ha convertido ya en un lugar común el de la necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional por la educación (Pacto de Estado por la Educación) para poder sentar unas bases consensuadas y, por ende, sólidas y estables en esta materia, que la saquen de la diatriba y los vaivenes político-partidistas, dotándola a su vez de un proyecto claro y la necesaria planificación. Parece claro que para sustraer a la educación de preferencias e intereses políticos o ideológicos, los principios nucleares sobre los que debe asentarse el sistema educativo son los de libertad e igualdad de oportunidades, como presupuestos de la universalidad y calidad de la enseñanza.

B) En el ámbito de los principios, toda reforma de la enseñanza primaria y secundaria en España deberá promover primeramente la instauración de una nueva cultura que prime los principios de esfuerzo, mérito y capacidad, así como de respeto y coordinación entre alumnos, profesores, padres, y centros. Y, para los centros y responsables de la gestión educativa, los principios de competencia, transparencia, eficiencia y responsabilidad.

C) Asimismo, el sistema educativo español está claramente necesitado de la debida –y que debiera haber sido obvia– cohesión entre las CCAA, es decir, en todo el territorio nacional. Presupuesto de ello será el reequilibrio de competencias entre el Estado y las CCAA (y una redefinición de relaciones MEC-Consejerías).

D) La mejora de la calidad se basa también como factor fundamental en una mejora de la selección y formación del profesorado, con la implantación de una clara carrera profesional docente y la implementación de un sistema de evaluación e incentivos que reconozca y premie el esfuerzo formativo y los resultados.

E) Consecuencia de los principios expuestos y exigencia ineludible de calidad es la implantación universal y la mejora de la evaluación –también externa– del aprendizaje de los alumnos, mediante evaluaciones de diagnóstico y evaluaciones de estado finales de etapa, junto con un examen de competencias básicas .

REGENERACIÓN NACIONAL

España tiene ante sí la honda y urgente necesidad de regeneración como pueblo y país, como nación y como Estado, que suponga una catarsis a la crisis también nacional que sufre, que no es sino resultado y culmen de las demás (materialización prístina de una degradación política, institucional y territorial y una depauperación intelectual y moral). Y ello, tanto en el corto plazo, ante los graves hechos que están teniendo lugar en Cataluña; como en el corto y medio plazo, con una reconstrucción no ceñida a esa singular manifestación de su crisis. En ambos planos temporales, la reconstrucción ha de ser jurídica, política y social.

En el plano jurídico-político, resulta lógico e ineludible, tras cuarenta años de régimen democrático constitucional, cerrar definitivamente el modelo territorial de España, con determinación y sentido del compromiso (pacta sunt servanda) claro y firme sobre la arquitectura normativa y la distribución de competencias entre los distintos entes territoriales del Estado. Ello habrá de incluir la previsión o reforzamiento de los mecanismos de control y garantía (administrativos, previos a los jurisdiccionales) que velen por su cumplimiento y cabal funcionamiento. Y en cualquier caso, garantizándose la igualdad básica de todos los españoles en cuanto a sus derechos y deberes, y la unidad jurídica y de mercado de España.  En el plano socio-político, debe decirse alto y claro que ha llegado el momento de que en España dejemos de lamentarnos por el obvio patriotismo constitucional de todos los países del orbe salvo del nuestro, y empezar a ejercerlo: mediante la Educación y una debida pedagogía, mediante la libertad y el testimonio frente a actitudes de falta de respeto o vulneración del Derecho, de estulticia o de cinismo. Ese patriotismo comporta la reconstrucción –tras años de abandono– de un sólido e ilusionante proyecto de futuro para los españoles, que sea consciente de los grandes logros y también de los fracasos de nuestra Historia, y recoja, mejore y supere las aportaciones más lúcidas del pasado.

 

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Ese patriotismo comporta la reconstrucción de un sólido e ilusionante proyecto de futuro para los españoles

 

UN PROYECTO COMÚN DE FUTURO

España ha vivido en su Historia otros episodios de profunda crisis que ha podido superar; y deberá saberlo hacer en éste con las mismas dosis de grandeza, de esfuerzo y sacrificio que debe exigirse, no solo a los ciudadanos, sino también a las instituciones; con una actitud constructiva, a pesar del panorama desolador en muchos aspectos esenciales de la situación actual de España, ofreciendo soluciones articuladas y llevándolas a cabo para el cambio de la situación que vivimos.

Teniendo muy presentes las razones ya descritas por las que las Naciones progresan o fracasan, es el momento de la política con mayúsculas: de la actuación política con espíritu de servicio al bien común de España, con la altura de miras de otros momentos de nuestra historia, como la Transición; de evitar, no alentar y saber superar enfrentamientos entre territorios, entre sectores por razones sociales, ideológicas o religiosas, o entre sexos, con tópicos, clichés ideológicos y conceptos obsoletos que se han demostrado creadores de conflictos y destructivos de la paz, la convivencia y el progreso. Conscientes de la pluralidad de nuestro país y nuestra sociedad, promoviendo la concordia y el encuentro de todos en torno a un proyecto común ilusionante de futuro. Es el momento de acuerdos, desde la diversidad, sin prejuicios excluyentes ni intereses o estrategias espurias, que permitan la gobernabilidad de nuestro país y su futuro en paz, libertad, justicia y solidaridad, en este momento en que tanto está en juego; de actuar con tolerancia, respeto y diálogo como forma de relación política, que no están reñidos con las propias convicciones ni la determinación, como es práctica común en las naciones de nuestro entorno cultural y geográfico. Es tiempo de personas con valía, valor y valores; con capacidad, principios y generosidad, para actuar de forma desinteresada pensando en España y todos sus ciudadanos, y en su progreso social y económico; al fin y al cabo, en la regeneración para un futuro mejor de nuestro País, que tanto lo necesita. Emprendamos todos –cada uno– esta tarea común, con voluntad y energía, con responsabilidad y compromiso.

 

Pablo Gutiérrez de Cabiedes. Catedrático de derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. Académico corr. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Abogado.

Miembro de Principios @PabloGCabiedes 

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