post maternidad Principios

 

Desarrollo de la #Propuesta9

“Fomentar un cambio cultural en torno a la maternidad y la paternidad: que ser padres sea más fácil en términos económicos, laborales, educativos y sociales, garantizando medidas específicas de protección para las madres en situaciones de fragilidad social.”

Ninguna sociedad es neutral ante la maternidad: o la celebra y apoya a la mujer removiendo los obstáculos que puedan dificultarla; o la hace más difícil, ejerciendo presión (económica, laboral, psicológica…) sobre las familias y, en particular, sobre la mujer. Es preciso que se desarrolle en este campo el principio del Estado social, para lograr las condiciones para un verdadero ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad. Para ello proponemos una serie de medidas en el campo legislativo, educativo y social, que pueden contribuir a cambiar la actitud de la sociedad ante la maternidad, que implica la aportación inédita e insustituible de una nueva persona. ¿Cuál es la actitud de la sociedad ante el embarazo y la maternidad? ¿Hay mejor noticia que el comienzo de una nueva vida humana, que trae consigo una contribución inédita al futuro de la sociedad?

Percibimos, en nuestra cultura, una cierta ambivalencia en torno a la maternidad y paternidad. De un lado, en el ámbito personal se vive, en muchos casos, como un impedimento al desarrollo vital y profesional; en el ámbito empresarial se percibe como una amenaza (coste económico de la paternidad y maternidad, riesgo de bajas, etc.). En el informe de la OIT “La paternidad y la maternidad en el trabajo” (2014) se constata que la discriminación laboral por razón de maternidad es un problema que persiste en la Unión Europea a pesar de la legislación contra la discriminación. Se citan casos ocurridos en España de tácticas de presión a embarazadas y madres recientes, a las que se habría acosado, induciéndolas a renunciar a su maternidad.

Por otro lado, se hace todo lo posible por ser padres, recurriendo a técnicas de fecundación asistida y vientres de alquiler cuando hay dificultades para la concepción, sin considerar, a veces, que estas prácticas pueden conllevar el riesgo de tratar al ser humano como un producto “fabricable”.

Los poderes públicos basculan entre reducir la cuestión a la mera esfera privada (desentendiéndose de implementar medidas de apoyo) en la que la decisión de sacar adelante el embarazo, o no, resulta socialmente indiferente; o legislar sobre ella como factor que afecta a la esfera pública (en cuestiones de derecho de familia principalmente).

La realidad es que en numerosas ocasiones la sociedad no es neutral ante el embarazo: o lo celebra y apoya a la mujer removiendo los obstáculos que puedan dificultarlo; o lo hace más difícil, reforzando las estructuras que ejercen presión (social, económica, moral o psicológica) sobre la mujer, en contra de la nueva vida.

 

Paternidad y maternidad: relaciones familiares

Dado que la paternidad y la maternidad son relaciones familiares que cumplen una importante función social (realizan tareas que aseguran el cuidado y educación de un nuevo ciudadano y que ninguna otra institución puede hacer mejor) es necesario darles relevancia social y política. Es momento de reivindicar un reconocimiento público a la función social que se realiza con el cuidado de los hijos. Planteamos la conveniencia de reflexionar acerca de la consideración de la maternidad/paternidad como derechos que deben ser garantizados por los poderes públicos, especialmente en los casos de embarazos en situaciones vulnerables.

Elaborar políticas familiares donde la visión ya no sea individual sino que se tenga en cuenta al ciudadano como miembro de una familia y con las peculiares relaciones que se derivan de ella. Tener en cuenta a la mujer en tanto madre, al hombre en tanto padre, a ambos en tanto cuidadores de sus hijos y quizás de sus padres, considerando que estas relaciones familiares que comienzan con la paternidad y la maternidad influyen en múltiples aspectos de la vida de las personas tales como el emocional, estudiantil, laboral, económico y social, entre otros. De esta manera las políticas se adaptarán a las necesidades reales de los ciudadanos corrigiendo desigualdades y evitando situaciones de exclusión social. Serán políticas más justas.

Sabemos que muchas mujeres y hombres no tienen los hijos que les gustaría tener (en las encuestas responden que su deseo sería tener 2 o 3 hijos, pero la media en 2013 ha sido de 1,26) por las trabas sociales, legales, económicas, laborales y fiscales a la maternidad y paternidad. El retraso en la edad media de las mujeres en el momento de nacimiento de su primer hijo (en 2013: 32,2 años, según el INE) se explica por múltiples factores: dificultad de acceso al mercado de trabajo, peores condiciones laborales de las mujeres, dificultad de acceso a la vivienda, etc., teniendo consecuencias en problemas de fertilidad y mayores índices de niños prematuros, entre otros. Remover dichos obstáculos implica una política que mire más allá.

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Fuente: INE

 

La paternidad y maternidad, dentro de las políticas familiares, podrían ser conceptos transversales que estén presentes en las demás políticas sectoriales, esto es, que antes de plantear una política, plan, o medida, se tenga en cuenta cómo va a afectar dicha política a la paternidad y maternidad, si la penaliza o la ayuda. Podríamos hablar, entonces, de “perspectiva de maternidad/paternidad”.

 

 

Un ejemplo: Permisos y licencias de paternidad

Permisos y relaciones familiares: hay diversos estudios internacionales donde evidencian relaciones entre los permisos de paternidad y el desarrollo infantil al aumentar la participación de los hombres en las responsabilidades familiares. Los padres pueden interactuar más con los hijos y esto puede ser indicio de cambios positivos en las relaciones familiares (de los padres entre ellos y de estos con sus hijos). En España a partir de 2007 las políticas de licencias parentales empiezan a ser percibidas como un medio para promover la implicación paterna en las tareas de cuidado y crianza de los niños (muchos lo consideran insuficiente).

 

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Fuente: IEF

 

Permisos y carreras laborales

Con datos anteriores a la crisis, el estudio “Licencias parentales y política social” (Flaquer y Escobedo, 2014) demuestra cómo en España el nacimiento del primer hijo todavía marca un punto de inflexión a partir del cual divergen en gran medida el conjunto de trayectorias laborales femeninas y masculinas en nuestro país. Mientras que el acceso a la paternidad se corresponde con una etapa vital de desarrollo profesional para la mayoría de hombres con hijos pequeños (en torno a dos tercios), éste se observa en una menor proporción de madres (44%) y se relaciona la maternidad con una precarización de las trayectorias laborales de un tercio de las madres empleadas. El estudio señala que según qué medidas, estas pueden actuar como mecanismos de flexi-seguridad para todos (licencias de maternidad o paternidad), o bien acentuar las desigualdades entre trabajadores con mejores condiciones de trabajo y aquellos afectados por una mayor precariedad (excedencias por cuidado de hijos). Por lo que antes de legislar sobre estas cuestiones hay que reflexionar los efectos que esa determinada política tendrá.

En la actualidad, las medidas de ayuda o protección a la maternidad y paternidad se perciben en tanto los padres y madres son trabajadores, a muchos ciudadanos que no están teniendo acceso al mercado laboral por motivos de la crisis y/o por motivos de la propia maternidad/paternidad.

 

 

Embarazos en situaciones vulnerables

Cuando el Art. 1º de la Constitución declara que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho no hace sino reconocer la obligación del Estado de intervenir equilibrando las desigualdades, protegiendo derechos y garantizando el acceso a los servicios públicos. Hay situaciones en la vida de los ciudadanos que deben ser objeto de protección social por el Estado. Una de estas situaciones es el embarazo en situación vulnerable o de riesgo de exclusión social de la mujer. En una sociedad desarrollada ninguna madre debería quedar en desamparo social por el hecho de quedarse embarazada. Tanto la madre como el padre deben ser amparados por los poderes públicos ofreciéndoles las ayudas necesarias para continuar adelante, en las mejores condiciones posibles, la gestación y el nacimiento de su hijo; de esta manera se reconoce que la paternidad y la maternidad es un bien personal y social. El embarazo debe ser protegido por el Estado implementando medidas de apoyo a aquellos padres y madres que se encuentran con un embarazo en condiciones de vulnerabilidad (emocional, económica, laboral, legal…).

Muchos padres sufren presiones contrarias al nacimiento de su hijo por razón de edad (por ser muy joven o por ser muy mayor), discapacidad o dificultad económica. Es una típica situación de “descarte”, que la sociedad resuelve, por un mal entendido discurso de los derechos de la mujer, promoviendo el aborto, que en cierto sentido es la “solución fácil” para la sociedad, ya que no le exige implicarse con el problema.

¿Quién decide cuando un embarazo es un “bien” y cuando un embarazo es un “mal”? Los ciudadanos podemos recordar a los poderes públicos que tienen la obligación constitucional de proteger a las madres y a sus hijos y pedirque elaboren y apliquen políticas adecuadas de protección de la maternidad. Las mujeres embarazadas están siempre implicadas en un entorno social, que en lugar de apoyarlas, muchas veces presiona para desembarazarse del problema.

 

 

Propuesta

Una Ley de protección de la maternidad debería contemplar medidas concretas de apoyo a la maternidad en general (con independencia de la situación laboral del padre y de la madre) y a los embarazos en situación de fragilidad social en particular. Teniendo en cuenta la maternidad desde una visión multifactorial (salud, emocional, económica, legal, fiscal, laboral, educativa, residencial, etc.) atendiendo de forma especial a aquellas gestantes que, por sus circunstancias particulares, presenten necesidades específicas derivadas de circunstancias personales como ser menores de edad, discapacitadas o con hijos discapacitados, tratarse de inmigrantes, etc.

Respecto de las embarazadas y los padres menores de edad, es necesario una asistencia específica que incluya educación para la maternidad/paternidad, apoyo psicológico antes y después del parto, medidas personalizadas para continuar con los estudios y educación afectivo-sexual.

 

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Regulación

En España nuestro ordenamiento jurídico hace pocas alusiones a la maternidad/paternidad. La Constitución en su Art. 39 da un mandato a los poderes públicos para que aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia; la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación; y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. El Código Civil se limita a regular la determinación de la filiación y pruebas de paternidad o el régimen de guarda y custodias. La LO 1/1996, de 15 de enero, trata la protección jurídica del menor. La legislación derivada de las directivas y recomendaciones de la UE en materia laboral y de igualdad entre hombres y mujeres se plasma en la Ley 39/1999 sobre conciliación -que obedece a una Directiva Europea y ha sido criticada porque parece convertir las tareas de cuidado en un problema de la mujer-. La LO 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en su artículos 3, 8 y 14 trata la no discriminación y la protección de la maternidad (estableciendo expresamente como criterio general de actuación de los Poderes Públicos la protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia), y en su artículo 44 reformula el permiso de paternidad. Por otra parte, en la ley 35/2007 se establece la deducción por nacimiento o adopción en el IRPF. O, finalmente, puede citarse la legislación relativa a la Seguridad Social, contenida en diversas normas (Estatuto de los Trabajadores; Ley 9/2009; Ley 1/2014; Real Decreto 180/2004, de 30 de enero; Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, etc.)
En temas de servicios sociales, apoyo a la maternidad, infancia y familias numerosas, las competencias están transferidas a las CCAA, que son quienes pueden legislar y adoptar planes y programas de desarrollo de estas cuestiones. Pero más allá de una cuestión competencial este es un problema cultural que exige liderazgo político y moral para lograr un cambio de actitud en toda la sociedad.

En Principios queremos contribuir con propuestas concretas, haciéndolas presentes en el debate político, a problemas generados en gran medida porque el ritmo de la sociedad ha sido más rápido que el de su legislación y medidas de ayuda. No creemos que los problemas de las madres sean “complicados”. Antes que mirar problemas debemos atender necesidades y es al no atender estas cuando de verdad se convierten en problemas.

 

 

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