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¿Se va a mojar Principios sobre las elecciones catalanas y la reforma constitucional?

 

El tema de la unidad nacional y de la estructura territorial de España no está presente de modo explícito en las diez propuestas originales de Principios. De hecho personas que tienen en este punto opiniones contrapuestas se han incorporado con igual entusiasmo a Principios o participado en sus eventos. Esto desconcierta a algunos. Muchos han preguntado por nuestro posicionamiento frente al 27S y el desafío de la candidatura de Junts Pel Sí y más en general sobre la cuestión territorial española.

Ciertamente un partido político no puede no tener una respuesta a estas cuestiones. Pero Principios no es un partido. Y sin embargo, esto no es una excusa para evitar el tema, y menos en un momento  que todo el mundo considera decisivo para nuestro país. Lo que podemos aportar a este diálogo –además de un entorno para el debate sereno y no partidista- es nuestro enfoque de las cuestiones políticas bajo el punto de vista de la Reconstitución (justicia política) y de la lucha contra la cultura del descarte (justicia social). Este debate no puede tener otro objetivo que restaurar la concordia: buscar arreglos razonables para volver a unir los corazones.

Al margen del reparto de culpas, de la historia, de las normas legales y de las declaradas políticas, la situación catalana es un fracaso colectivo. Si una nación es un sugestivo proyecto de vida en común ni la España actual, ni la Cataluña independiente que proponen algunos, satisfacen esa definición. La sociedad catalana, que votó casi unánimemente a favor de la Constitución en 1978, está ahora mayoritariamente a favor de cambiarla. Pero por otro lado asusta pensar en las dificultades que tendría una eventual república catalana para forjar un consenso constitucional (independizada con el apoyo explícito de no más del 30 % de la población) en un país con divisiones ideológicas irreconciliables… ¿Cómo lograr recuperar la concordia y un apoyo claramente mayoritario al marco de convivencia?

 

Regeneración y Reconstitución

La crisis nos ha hecho sensibles a los problemas de justicia, también política. Ante la abundancia de casos de corrupción y las disfuncionalidades del sistema político español nacido en 1978, casi todo el mundo habla de regeneración. Ésta requiere reformas legales a diversos niveles, incluyendo quizá -según los temas y la radicalidad- la reforma de la Constitución. Pero ante la percepción de la injusticia política y social, algunos van más allá y proponen alterar el marco constitucional. Esto supone cancelar algunos de los acuerdos fundamentales de 1978 (sobre el modelo territorial, sobre los derechos fundamentales, sobre elementos clave de la democracia representativa parlamentaria, etc.), en vez de profundizar en estos o corregir la disfuncionalidades que han emergido después. Esta actitud –que en principio es compatible con respetar el Estado de Derecho y seguir los procedimientos de reforma—relativiza sin embargo el respeto a la letra de la Constitución vigente, sobre todo en su dimensión de límite al poder de las mayorías.

En Cataluña este proceso de malestar ante las injusticias políticas y sociales (reales o sólo aparentes) ha tomado en muchos casos la forma del secesionismo: el único modo de lograr que las instituciones representativas superen sus fallas (en particular en lo que afecta a los temas identitarios, educativos y económicos) es la declaración unilateral de independencia, ya que la constitución no reconoce el derecho a la secesión, ni admite tampoco la posibilidad de consultar sobre este tema a una parte de la población, en defensa del principio de la soberanía del pueblo español.

La reconstitución -que es lo que promovemos en Principios- incluye la idea de regeneración pero se trata de algo más profundo. Con reconstitución queremos hacer referencia a la necesidad de actualizar los grandes acuerdos que subyacen a la norma fundamental. Esto acuerdos son necesarios para conservar su vigencia efectiva sin necesidad de una constante apelación al principio de soberanía (que remite a una decisión tomada en el pasado por otros), al valor legal de la constitución, o al ejercicio del monopolio de la fuerza. Esto es necesario sobre todo allí donde quienes ponen en duda la constitución ejercen un poder legal con legitimidad democrática, como es el caso de Cataluña.

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Nación, Soberanía y Constitución… o pactos

Según Martin Kriele “no hay soberano en el Estado constitucional”. Es decir: el poder constituyente (el pueblo soberano) que aprueba la constitución no existe ya como realidad al margen del derecho, sino siempre como poder constituido, es decir: mero poder electoral sometido a los límites que impone la constitución. La soberanía del pueblo se traduce así en soberanía de la constitución. En realidad, detrás de la constitución no hay una “decisión soberana” de un sujeto monolítico (el pueblo), sino una elaboración de pactos a muchas bandas a los que se da un sentido político unitario. Esto no quiere decir que no pueda darse de hecho un movimiento político o social que actúe al margen de la legalidad. Este movimiento –que Kriele compara a un golpe de Estado- necesariamente apelará a alguna instancia normativa alternativa a la Constitución vigente. El recurso lógico será apoyarse en la soberanía del pueblo (o de otro pueblo) en defensa de principios básicos de justicia, como la violación de derechos individuales o colectivos, como de hecho sucede en el procés catalán.

Y esto es precisamente lo que amenaza con suceder en Cataluña después del 27S. Un choque entre soberanías: por un lado siempre la postulada soberanía del pueblo catalán (expresada como derecho a decidir o a la autodeterminación, es decir no como simple hecho político, sino con pretensiones normativas). Por el otro extremo encontramos la soberanía de la Constitución –la suprema legalidad vigente frente a los actos legalmente inválidos de una eventual Cataluña independiente-, aunque a veces se invoque la soberanía nacional del pueblo español (que está establecida en el art. 2 de la Constitución). La realidad es que de momento estamos ante una tensión retórica. El momento de la verdad vendrá si de hecho se supera el orden constitucional por parte de la Generalitat.

Pero la realidad es que –como en un mal sueño- el choque de trenes siempre está llegando pero nunca se consuma. Y cuanto más se repite el amago, más se plantea la necesidad de solucionar el conflicto mediante un acuerdo. Así lo han pedido esta semana en cartas cruzadas Felipe González y Durán i Lleida, y lo han reclamado muchas veces los empresarios catalanes y otras fuerzas sociales. Pero parece difícil un acuerdo entre Rajoy y Mas, que tienen calambres en los bíceps de sostener el pulso. Mientras tanto se multiplican las llamadas a buscar una solución pactada dentro de un proceso de reforma constitucional.

 

¿Abrir un proceso de reforma de la Constitución?

Ante esta situación de bloqueo y de eventual disfuncionalidad, surge como síntesis superadora la opción de reformar la constitución para integrar la negociación de un pacto con Cataluña en un proceso deliberativo a nivel español. Desde la Generalitat dicen que llega tarde. El gobierno ha repetido muchas veces que una reforma de la Constitución es posible “si hay consenso como en el 78”. (Evidentemente ese consenso no surge de modo espontáneo sin que lo lidere –al menos en parte- el partido en el poder y más cuando las versiones alternativas del resultado final son tan variopintas). En las últimas semanas se ha manejado la idea de abrir un proceso de reforma en la próxima legislatura, poniendo la condición del consenso después del proceso de debate y negociación. Pero la idea no ha tenido mucho recorrido.

No es extraño: el punto de partida es poco prometedor. Algunos piden adoptar un sistema confederal (Unió), otros llevar adelante una reforma federal (PSOE), otros piden volver al autonomismo asimétrico que nunca debimos sustituir por el café para todos… Dormita en el cajón del gobierno una propuesta del Consejo de Estado de 2006 para racionalizar el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y en general hay muchos que -puestos a reformar- lo que harían sería hacer tabula rasa de diferencias políticas, con una clara recentralización. Ante estas circunstancias es razonable cuestionarse si el medio más adecuado para la reconstitución es abrir una reforma constitucional en materia de competencias territoriales autonómicas. Lo que está claro es que, para que un proceso de reforma culmine en un renovado consenso comparable al del 78, no hace falta estar de acuerdo al comienzo del proceso. Pero sí es necesario tener una urgencia común por rematar con éxito la jugada. De otro modo, la asimetría en las posiciones de poder negociador alterarían cualquier posibilidad de acuerdo.

Por eso algunos –como el padre de la constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón- manejan la idea de la mutación constitucional, es decir un cambio consensuado en el modo de interpretar y aplicar la Constitución, pero sin tocar la letra ni enfrentar el traumático proceso de reforma agravada. Ciertamente así es como se llevó adelante el proceso de aplicación de la norma del 78. Pero implicaría consagrar un modo de hacer política desde las élites partidistas, eludiendo la deliberación pública, que es una de las cosas que rechaza el regeneracionismo.

 

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Lo de Cataluña tiene arreglo, pero no solución

Como explicaba el politólogo Bertrand de Jouvenel los problemas políticos son aquellos que no tienen solución, pues no hay solución que satisfaga plenamente las exigencias de todas las partes. Por eso la única salida es el compromiso de un acuerdo, que por definición es imperfecto y provisional. Un acuerdo compromisario se apoya siempre en un equilibrio de intereses cruzados, y en una narrativa política que lo justifica y que destaca el bien común que se persigue. Evidentemente, este tipo de arreglo no resuelve los problemas de una vez para siempre, y siempre se le puede acusar de aplazarlos. Su virtud está en hacer posible un proyecto común, porque así pueden encenderse otra vez los sentimientos de concordia y estima mutua, que hacen deseable la convivencia.

En el actual choque de trenes que nunca llega este arreglo se hace imposible porque todo está planteado en términos de juego de suma cero: soberanía española o catalana; competencias del Estado central o de Cataluña; financiación de las demás Comunidades Autónomas o de Cataluña; Mas o Rajoy; España o Cataluña; Real Madrid o Barça. Es de esperar que las triangulaciones superadoras lleguen con el tiempo, sobre todo si cambian las personas. Ya hay señales en ese sentido: por ejemplo, la irrupción de Podemos y de la izquierda antisistema, o la separación de Unió, que podrían dar mucho juego post-electoral. En estos temas como en otros a veces es preciso pensar fuera de la caja, y comprobar que el problema que veíamos en términos rígidos, en realidad admite multitud de perspectivas. Por ejemplo, el ahondamiento en el autogobierno de las grandes ciudades (en este caso, de Barcelona junto a Madrid y quizá Sevilla o Valencia), la cocapitalidad de Barcelona con el traslado del Senado u otras instituciones estatales…

No se trata de hacer originalidades. Pero quienes quieran facilitar un arreglo en Cataluña, deberían atreverse a tomar iniciativas de diálogo, al margen del rígido enmarcado y de los actores actuales, que activen nuevas perspectivas, apelen a otros principios de justicia y hagan visibles la multitud de intereses cruzados sobre la base de datos lo más objetivos posibles. Para ello lo mejor es que no hablen solo ni principalmente los políticos, y menos aun los que ya llevan años echándose un pulso mutuo. La politización de los debates es siempre una causa de descarte, por el que algunas voces de los menos poderosos quedan silenciadas. En este punto como en otros, es la hora de la sociedad civil, en un diálogo a muchas bandas y no bilateral o unilateral que integre a universidades, municipios, regiones (ha dicho Salvador Cardús que “el problema de Cataluña es Andalucía”), Unión Europea, iglesias, instituciones educativas, asociaciones civiles, etc. En esta línea trabaja Principios, promoviendo una movilización ciudadana desde la sociedad civil, que también ha arraigado en Cataluña, y que quiere hacer posible este tipo de debates.

Quizá si se liberan estas fuerzas sociales, y se procede a tratar de los problemas comunes desde muchos puntos de vista, resulte evidente que es mejor para los catalanes sobrellevar el problema de España, y para los españoles –que no son solo “Madrid” – sobrellevar el problema de Cataluña, siguiendo la expresión de Ortega (en el debate sobre el Estatuto de Cataluña en 1932). En ese escenario de reconstitución -que no implica necesariamente un cambio en la letra del texto del 78- sería fácil llegar a un arreglo que haga posible la convivencia y la concordia: la participación de todos en un proyecto común ilusionante.

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