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Garantizar la transparencia de los partidos políticos, sindicatos y demás organismos que reciban fondos públicos, establecer mecanismos efectivos contra la corrupción y el amiguismo, imponer la democracia interna en los partidos políticos y reformar su financiación.

 

 

Introducción

Los partidos políticos están hoy en el centro del debate general sobre la democracia y el sistema constitucional de 1978. Los ciudadanos los perciben como élites cerradas que se articulan en torno al poder y que utilizan las ideas –y todos los medios a su alcance, a veces también ilegales– como medio para conquistarlo y retenerlo. Su objetivo último sería, en el mejor de los casos, la conservación de un cierto entramado de intereses y de posiciones privilegiadas de la clase dirigente; en el peor, la simple búsqueda del beneficio personal por medio de la corrupción.

Además de esta desconfianza general en relación a los fines, también se extiende la impresión de que la estructura de los partidos no favorece la selección y el ascenso de los más capaces, ni facilita el debate interno necesario para la renovación de los proyectos, los cargos y los candidatos. El caldo de cultivo perfecto para la extensión impune de la corrupción.

En una palabra, los partidos son percibidos como parte de la “cultura del descarte” que desde Principios queremos contribuir a superar, y que tiene también una dimensión política.

Para calibrar la dimensión del problema conviene contextualizar la situación: esto no es un problema exclusivamente español, como muestran las encuestas sobre los partidos en todas las democracias. La sociología y la ciencia política siempre han subrayado la tendencia de los partidos a convertirse en oligarquías cerradas cuando el sistema se estabiliza, y esto parece lo natural 40 años después de iniciada la Transición.

Por otra parte la experiencia histórica española y comparada muestra que la erosión de los partidos políticos en un sistema parlamentario y su eventual desaparición no suelen llevar a su reemplazo por algo mejor. Más bien sucede que a medio plazo desaparecen con ellos las libertades civiles y a la larga desaparece la libertad en general. Porque los partidos –junto a la judicatura independiente– siguen siendo la mejor garantía de que el gobierno tiene enfrente una oposición que limita su poder y le obliga a respetar los derechos y libertades de las minorías.

De lo anterior se sigue que si la separación de poderes es imprescindible para disfrutar de unos poderes públicos fuertes que promuevan la justicia y la igualdad sin merma de las libertades, entonces los partidos políticos son necesarios. Y si están actualmente en crisis, habrá que renovarlos. También en este punto, más allá de la queja o de las soluciones populistas o meramente cosméticas, es necesaria una verdadera reconstitución de nuestra democracia.

 

Propuestas

No hay ningún sistema político perfecto, y por eso siempre hay gran espacio para la negociación y los acuerdos: lo decisivo es que estos respondan a las exigencias básicas de justicia política que nuestra sociedad demanda. En esa línea, estimamos que hay tres puntos en los que la vida de los partidos debe mejorar, y proponemos algunas medidas que podrían contribuir a un cambio razonable capaz de ser objeto de nuevos grandes acuerdos.

 

Transparencia

Los partidos y federaciones deberían hacer públicos (manteniendo la información actualizada en internet):

  • Sus Estatutos completos, con especial mención de los procedimientos internos de selección de cargos y del modo en que se cumple la exigencia constitucional del art. 6 CE: “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
  • Los programas aprobados para las convocatorias electorales de los cuatro últimos años.
  • El calendario específico y los plazos de todos los procedimientos de selección de cargos.
  • La agenda de reuniones de sus principales cargos directivos.
  • La declaración patrimonial y los ingresos por actividades profesionales de sus principales cargos directivos.
  • Sus cuentas anuales, la fecha de remisión de las mismas al Tribunal de Cuentas y el último informe de la fiscalización de éstas emitido por el Tribunal.
  • En las cuentas deberán especificarse las entidades de crédito de las que el partido es deudor además de las condiciones específicas de dichos créditos.
  • Los gastos e ingresos electorales.
  • La identidad de los donantes.
  • La agenda de reuniones del Grupo Parlamentario en el Congreso, el Senado, las cámaras autonómicas y el Parlamento Europeo.

Democracia interna

Sin reformas previas del sistema electoral, hay dos vías principales para mejorar la democracia interna de los partidos.

La más directa es la obligatoriedad de la celebración de primarias que seleccionen los candidatos a las elecciones generales, autonómicas y locales. Dado el sistema actual de investiduras parlamentarias y distritos plurinominales, el candidato que gana las primarias deberá tener la última palabra en la elaboración de las listas.

Si no son obligatorias las primarias, los partidos que no las celebren tendrían al menos que reformar su sistema de elección de cargos y de elaboración de Estatutos y programas. El sistema de compromisarios típico solo respeta formalmente las exigencias de democracia interna ya que permite al Presidente en activo y al comité o junta propuesta por él en el último Congreso dominar el proceso de elaboración de listas y la presentación y aprobación de enmiendas a programas y Estatutos. Parece irrenunciable que el candidato de cada partido debería ser elegido explícitamente para las elecciones inmediatas.

Adicionalmente, es necesario también:

  • Establecer la obligatoriedad de mecanismos anuales de rendición de cuentas de las juntas directivas de los partidos ante los militantes. Esta rendición de cuentas tendrá que tener fijado un procedimiento y una gradación de posibles consecuencias, que podrán ir desde la simple reprobación formal al cese del cargo que se desempeña.
  • Permitir la creación en el seno de los partidos de grupos de militantes o cargos electos agrupados por afinidades ideológicas o de defensa de intereses comunes. En caso contrario estos grupos se crean como clanes informales más difíciles de controlar por la opinión pública y que se transforman con frecuencia en estructuras de relaciones personales orientadas a facilitar el acceso al poder.
  • Facilitar los cauces de participación de los militantes y ciudadanos en el debate de ideas y en la formulación de políticas. Esto implica no sólo la articulación técnica de los instrumentos sino también la definición de los órganos del partido a los que corresponde estudiar esas propuestas, la periodicidad con la que debe trabajarse y el tipo de resultado final que ha de tener el proceso.

Una nueva cultura política

La situación de los partidos es desigual, y las simples formalidades no garantizan la promoción del debate y la selección de los mejores. Junto a los cambios legales y organizativos, es precisa una ciudadanía que no tenga miedo a implicarse en los debates políticos, y que sea capaz de exigir responsabilidades. Para ello debemos promover un cambio de la cultura política que lleve a considerar intolerable en la vida interna de los partidos lo que consideramos inaceptable en las demás instituciones públicas.

En esta línea, desde Principios hemos puesto en marcha la iniciativa www.compromisoprimarias.es. Nuestro objetivo es movilizar a la sociedad civil en esta etapa de reconstitución de la democracia para exigir a los partidos que abran sus procesos de selección de candidatos a la participación ciudadana, poniendo esta condición para otorgar el propio voto en las elecciones por venir. Pero además, esta nueva plataforma podrá servir como instancia que pueda evaluar los avances en la democracia interna de los partidos, desde la sociedad civil.

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